Orden EHA/26/2006
(Extraída literalmente del Boletín Oficial del Estado del 10 de agosto de 2006)
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA 14513 ORDEN EHA/2619/2006, de 28 de julio, por la
que se desarrollan determinadas obligaciones de prevención del blanqueo de capitales de los
sujetos obligados que realicen actividad de cambio de moneda o gestión de transferencias
con el exterior.
Las transferencias con el exterior y la actividad de cambio de moneda han sido reiteradamente identificadas
por diversos organismos e instituciones internacionales como sectores vulnerables en relación con el
blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Consecuentemente, el Reglamento de la Ley
19/1993, de 28 de diciembre, sobre determinadas medidas de prevención del blanqueo de capitales,
aprobado por Real Decreto 925/1995, de 9 de junio, tras la reforma operada por el Real Decreto
54/2005, de 21 de enero, las califica expresamente en su artículo 3.5 como áreas de negocio y actividades
«sensibles », lo que obliga a aplicar medidas adicionales de identificación y conocimiento del cliente para
controlar el riesgo de blanqueo de capitales.
Por otra parte, la actividad de gestión de transferencias con el exterior se ha ido convirtiendo en uno de los
negocios con un mayor crecimiento y atractivo comercial, principalmente por el hecho más que notable de
que su base principal de potenciales clientes, los extranjeros residentes en España, se ha cuadruplicado
en los últimos ocho años. Como resultado, a los establecimientos que tradicionalmente se dedicaban a
estas operaciones se han unido progresivamente otras entidades, ampliando los sujetos obligados que se
dedican a dicha actividad y exigiendo, en consecuencia, una igualdad en el tratamiento de la normativa de
prevención del blanqueo de capitales que evite distorsiones o ventajas injustificadas, directas o indirectas,
para ninguna de las distintas categorías de sujetos, salvo que sus propias características aconsejen
determinadas especificaciones. Una exigencia similar de «neutralidad regulatoria» puede afirmarse en lo
que concierne a la fijación de las condiciones para la aplicación de la normativa de prevención del
blanqueo de capitales a los diferentes sujetos obligados que, con mayor o menor volumen de actividad,
desempeñan la actividad de compra o venta de moneda extranjera o cheques de viaje.
En este punto, es importante destacar la trascendencia de estas operaciones tanto para los países
receptores de las transferencias como para sectores de la economía nacional como el turismo.
Consecuentemente, en desarrollo del Reglamento de la Ley 19/1993, de 28 de diciembre,
la presente Orden se orienta a cohonestar razonablemente las necesidades de la prevención del blanqueo
de capitales con la conveniencia de mantener en un nivel razonable las exigencias regulatorias impuestas a
esta actividad empresarial.
El artículo 1 fija el ámbito de aplicación de la Orden que se extiende a todos los sujetos obligados en
materia de prevención del blanqueo de capitales que realicen actividad de cambio de moneda o gestión de
transferencias con el exterior respecto de las operaciones que no sean objeto de cargo o abono en cuenta
del cliente en la entidad.
No obstante, debe subrayarse que la Orden no regula íntegramente el régimen jurídico de prevención
del blanqueo de capitales aplicable a estas actividades, limitándose a desarrollar determinadas
obligaciones de prevención en las que se estima que son necesarias o convenientes ciertas precisiones,
por apreciarse que en las restantes son suficientemente precisas las exigencias contenidas en el
Reglamento de la Ley 19/1993, de 28 de diciembre.
El artículo 2 establece determinadas especificaciones en materia de identificación, en la medida en que las
operaciones de cambio de moneda o gestión de transferencias se realicen sin que medie cargo o abono en
cuenta del cliente. Asimismo, al amparo de lo dispuesto en el artículo 3.7.c) del Reglamento de la Ley
19/1993, de 28 de diciembre, se regula la ejecución de transferencias con el exterior ordenadas por
clientes que no se encuentren físicamente presentes a través de medios telefónicos, electrónicos
o telemáticos.
El artículo 3 regula la conservación de documentos, estableciendo criterios concretos en relación con los
distintos tipos de documentación exigidos por la normativa.
Finalmente, el artículo 4 puede calificarse como el más significativo de la presente Orden, en cuanto se
orienta a proporcionar a los sujetos obligados principios precisos respecto de las medidas de control
interno. El artículo 3.7 de la Ley 19/1993, de 28 de diciembre, configura como uno de los deberes
esenciales de los sujetos obligados el de «establecer procedimientos y órganos adecuados de control
interno y de comunicación a fin de prevenir e impedir la realización de operaciones relacionadas
con el blanqueo de capitales». El recurso al concepto jurídico indeterminado de «adecuación» en la
calificación de los procedimientos y órganos de control interno aparece, en el ámbito de la legislación de
prevención del blanqueo de capitales, como inevitable dada la extrema amplitud y heterogeneidad de los
sujetos obligados: desde esta perspectiva resulta evidente que sería imposible establecer legislativamente
medidas de control interno que fueran «adecuadas» simultáneamente para el gran banco internacional
[sujeto obligado de conformidad con el artículo 2.1.a) del Reglamento] y para el joyero o el anticuario
[artículo 2.2, párrafos e) y f)]. En este contexto, resulta sumamente conveniente que mediante normas de
rango inferior dirigidas a categorías concretas de sujetos obligados se proporcionen a éstos principios que
reduzcan el «margen de incertidumbre» en el diseño e implantación de las medidas de control interno. Éste
es precisamente el objeto del artículo 4 de la Orden que trata de concretar normativamente el concepto de
adecuación a través de dos técnicas. En primer lugar (artículo 4.2), estableciendo el contenido y alcance
mínimo de las medidas de control interno, si bien reconociendo un amplio margen para la organización
interna del sujeto obligado. Y en segundo lugar (artículo 4.3), concretando el concepto de adecuación por
referencia a los resultados que las medidas de control interno han de obtener. La presente Orden se dicta
al amparo de la habilitación normativa contenida en la disposición final primera del Real Decreto 925/1995,
de 9 de junio, conforme a la cual, el Ministro de Economía y Hacienda, previo cumplimiento de los trámites
legales oportunos, dictará cuantas disposiciones sean necesarias para el desarrollo del Reglamento de la
Ley 19/1993, de 28 de diciembre.
En su virtud, dispongo:
Artículo 1. Ámbito de aplicación.
1. La presente Orden desarrolla las obligaciones de
identificación de los clientes, conservación de documentos
y establecimiento de procedimientos y órganos de
control interno y de comunicación de los sujetos a que se
refiere el artículo 2 de la Ley 19/1993, de 28 de diciembre,
sobre determinadas medidas de prevención del blanqueo
de capitales, que realicen actividad de cambio de moneda
o gestión de transferencias con el exterior.
2. Los sujetos obligados a que se refiere el apartado
anterior quedarán sometidos a lo dispuesto en la presente
Orden respecto de las operaciones que no sean objeto de
cargo o abono en cuenta del cliente en la entidad, con
independencia de que las mismas sean realizadas en sus
establecimientos o locales de negocio o a través de agentes
u otras personas físicas o jurídicas que actúen como
mediadores o intermediarios de aquéllos. A estos efectos,
se entenderá por «red» tanto los establecimientos o locales
de negocio del sujeto obligado como los de sus agentes,
mediadores o intermediarios.

Artículo 2. Identificación de los clientes.
1. En el momento de efectuar cualesquiera operaciones,
los sujetos obligados exigirán de sus clientes la presentación
de los documentos de identificación a que se
refieren los apartados 2 y 3 del artículo 3 del Reglamento
de la Ley 19/1993, de 28 de diciembre.
2. Los sujetos obligados deberán, en todo caso, aplicar
medidas adicionales de identificación y conocimiento
del cliente que intervenga en operaciones cuyo importe,
bien singular, bien acumulado en cada trimestre natural,
supere 3.000 euros en el caso de transferencias con el
exterior o 6.000 euros en el de cambio de moneda.
3. Los sujetos obligados podrán ejecutar transferencias
con el exterior ordenadas por clientes que no se
encuentren físicamente presentes a través de medios
telefónicos, electrónicos o telemáticos siempre que se
verifiquen los siguientes requisitos:
a) la identidad del cliente quede acreditada mediante
la aportación de una clave de identificación,
b) la provisión de fondos sea ingresada por el cliente
en una cuenta corriente a nombre del sujeto obligado
abierta en España, y
c) la operación sea documentada en los términos del
artículo 3.3 de la presente Orden, cumpliendo la clave de
identificación la función de firma del cliente.
La concesión de una clave para operar por medios
telefónicos, electrónicos o telemáticos exigirá en todo
caso la previa identificación presencial del cliente en los
términos de los apartados 1 y 2 del presente artículo. El
órgano de control interno del sujeto obligado estudiará la
solicitud de la clave, que se formalizará en un formulario
específico firmado por el cliente, analizará el perfil de
riesgo del solicitante a partir de los datos y documentos
aportados y decidirá por escrito acerca de su concesión.
Los sujetos obligados custodiarán con la máxima diligencia
las claves de identificación de sus clientes, exigiendo
preceptiva e inexcusablemente su comunicación
por parte del ordenante como requisito previo para autorizar
la ejecución de cada operación concreta.
Los sujetos obligados comprobarán cada año la
vigencia de todos los datos exigidos para la concesión de
la clave, actualizando dichos datos si se hubiera producido
alguna modificación. Este acto de comprobación
anual exigirá en todo caso la presencia física del cliente y
su efectiva realización deberá quedar acreditada documentalmente.
4. A los efectos de la presente Orden se reputará
«cliente» al ordenante en las transferencias emitidas, al
beneficiario en las transferencias recibidas, y al portador
de la moneda o cheques de viaje en las operaciones de
cambio.

Artículo 3. Conservación de documentos.
1. Los sujetos obligados conservarán durante seis
años la siguiente documentación:
a) Copia de los documentos exigidos para la identificación
de los clientes, incluidos, cuando proceda, los
relativos a su actividad profesional o empresarial.
b) Original de los formularios o boletas que, con
fuerza probatoria, acrediten adecuadamente la realización
de todas las operaciones ejecutadas en su red.
Los sujetos obligados conservarán asimismo durante
seis años los registros de todas las operaciones realizadas
en su red en un soporte informático del que será responsable
el sujeto obligado. Este soporte deberá permitir
facilitar los datos al Servicio Ejecutivo de la Comisión de
Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones
Monetarias o a cualesquiera otros órganos legalmente
habilitados.
El plazo de conservación de seis años será también
aplicable a los documentos a que se refiere el artículo 2.3
de la presente Orden.
2. Las copias de los documentos de identificación de
los clientes podrán ser almacenadas en soporte físico o
mediante uso de soportes ópticos, magnéticos o electrónicos
que garanticen su integridad, la correcta lectura de
los datos, la imposibilidad de manipulación y su adecuada
conservación y localización.
3. Los formularios o boletas, que en todo caso serán
firmados por el cliente y por un empleado o agente del
sujeto obligado, contendrán, como mínimo, la siguiente
información:
a) Nombre y apellidos del cliente. En el caso de personas
jurídicas, se hará constar su denominación o razón
social y el nombre y apellidos del representante, apoderado
o autorizado que actúe en su nombre.
b) Tipo y número del documento de identificación
exhibido. NIF o NIE de conformidad con las disposiciones
vigentes.
c) Domicilio del cliente en España. En el supuesto a
que se refiere el artículo 2.2 de la presente Orden, el
sujeto obligado exigirá la aportación por parte del cliente
de documentación relativa a su lugar de estancia permanente
o temporal en España cuando en el documento de
identificación exhibido conste un domicilio extranjero.
d) Moneda e importe de la operación, con expresión,
en su caso, del contravalor en euros.
29990 Jueves 10 agosto 2006 BOE núm. 190
e) Nombre y apellidos o denominación o razón
social del beneficiario en las transferencias emitidas y del
ordenante en las transferencias recibidas.
f) País de destino en las transferencias emitidas y
país de origen en las transferencias recibidas.
g) Tipo de operación: transferencia emitida, transferencia
recibida, cambio de moneda o cheques de viaje.
h) Concepto en que se realiza la operación.
4. Si el cliente no pudiese o se negase a aportar la
documentación requerida, el sujeto obligado no ejecutará
la operación, quedando registrada como operación no
ejecutada junto con los datos que se hayan podido obtener.
Estas operaciones serán incluidas en la comunicación
mensual de operaciones al Servicio Ejecutivo de la Comisión
de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones
Monetarias.

Artículo 4. Medidas de control interno.
1. Los sujetos obligados establecerán procedimientos
y órganos adecuados de control interno y de comunicación
para detectar, prevenir e impedir la realización de
operaciones relacionadas con el blanqueo de capitales.
Las medidas de control interno a que se refiere la presente
Orden se aplicarán de forma homogénea en toda la
red del sujeto obligado.
2. Las medidas de control interno que establezcan
los sujetos obligados constarán en todo caso por escrito y
comprenderán, como mínimo, los siguientes aspectos:
a) La política de admisión de clientes del sujeto obligado
con una descripción precisa de los clientes que
potencialmente puedan implicar un riesgo superior al
promedio y de las medidas a adoptar para mitigarlo.
b) Un procedimiento estructurado de identificación
de clientes, que incluirá la periódica actualización de la
información exigible de conformidad con el artículo 2.2
de la presente Orden. La actualización será en todo caso
preceptiva cuando se verifique un cambio relevante en la
actividad del cliente que pudiera influir en su perfil de
riesgo.
c) Una relación de operaciones susceptibles de estar
particularmente vinculadas con el blanqueo de capitales,
a cuyos efectos, los sujetos obligados tomarán en consideración
el Catálogo de Operaciones de Riesgo aprobado
por la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales
e Infracciones Monetarias.
d) Una descripción detallada de los flujos internos
de información, con instrucciones precisas al personal y a
los agentes del sujeto obligado sobre cómo proceder en
caso de operativa sospechosa o inusual.
e) Un procedimiento para la detección de operaciones
sospechosas o inusuales, con una descripción de las
herramientas o aplicaciones informáticas implantadas y
de los criterios o parámetros de captura.
f) Un procedimiento estructurado de examen de las
operaciones sospechosas o inusuales, que concretará de
forma precisa las fases del proceso de análisis y las fuentes
de información a emplear, formalizando por escrito el
resultado del examen.
g) Una descripción detallada del funcionamiento del
órgano de control interno, que incluirá su composición,
competencias y periodicidad.
h) La identidad del representante encargado de
comunicar operaciones al Servicio Ejecutivo de la Comisión
de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones
Monetarias y de facilitar la información requerida por
éste en el ejercicio de sus competencias.
i) Las medidas para asegurar el conocimiento de la
normativa interna por parte de los empleados y agentes
del sujeto obligado, incluida la periódica difusión de la
misma y la realización de acciones formativas de conformidad
con un plan anual.
j) Las medidas a adoptar para verificar el cumplimiento
de la normativa interna por parte de los empleados
y agentes del sujeto obligado.
k) Las medidas adoptadas para asegurarse de que los
corresponsales del sujeto obligado disponen de procedimientos
adecuados de prevención del blanqueo de capitales.
En todo caso, respecto de cualesquiera transferencias
en que intervengan los sujetos obligados registrarán los
datos del corresponsal o entidad pagadora en el extranjero.
l) La periódica actualización de las medidas de control
interno, a la luz de los desarrollos observados en el sector
y del análisis de la propia operativa del sujeto obligado.
m) En su caso, el procedimiento para la concesión de
la clave de identificación para operar por medios telefónicos,
electrónicos o telemáticos, incluido el análisis del perfil
de riesgo del cliente.
3. Los procedimientos de control interno se considerarán
adecuados cuando permitan al sujeto obligado como
mínimo:
a) Centralizar, gestionar, controlar y almacenar de
modo eficaz la documentación e información de sus clientes
y de las operaciones que se realicen en su red.
b) Agregar diariamente todas las operaciones realizadas
en su red a fin de detectar potenciales fraccionamientos
y operaciones conectadas.
c) Determinar, con carácter previo a la ejecución de la
operación, si procede el conocimiento y verificación de la
actividad profesional o empresarial del cliente.
d) Detectar cambios en el comportamiento operativo
de los clientes o inconsistencias con su perfil de riesgo.
e) Impedir de forma automática la ejecución de transacciones
cuando no consten completos los datos obligatorios
del cliente o de la operación.
f) Impedir de forma automática la ejecución de transacciones
por parte de personas o entidades sujetas a prohibición
de operar.
g) Seleccionar automáticamente para su análisis operaciones
de riesgo en función de criterios o parámetros
predeterminados.
h) Mantener una comunicación directa del órgano de
control interno con la red.
i) Atender de forma rápida, segura y eficaz los requerimientos
de información del Servicio Ejecutivo de la Comisión
de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones
Monetarias.
j) Cumplimentar la comunicación mensual de operaciones
al Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención
del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias o, en
su caso, la comunicación semestral negativa.
4. Los sujetos obligados aplicarán medidas de seguridad
de nivel medio, de conformidad con lo establecido en
el Reglamento de medidas de seguridad de los ficheros
automatizados que contengan datos de carácter personal,
aprobado por Real Decreto 994/1999, de 11 de junio.
Disposición final única. Entrada en vigor.
La presente Orden entrará en vigor a los seis meses de
su publicación en el Boletín Oficial del Estado.
Madrid, 28 de julio de 2006.–El Vicepresidente Segundo
del Gobierno y Ministro de Economía y Hacienda, Pedro
Solbes Mira.


REAL DECRETO 925/1995, DE 9 DE JUNIO, POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO
DE LA LEY 19/1993, DE 28 DE DICIEMBRE, SOBRE DETERMINADAS MEDIDAS DE
PREVENCIÓN DEL BLANQUEO
(El artículo 2.1 de la Orden anterior hace referencia a los apartados 2 y 3 del artículo 3º de este
Reglamento que reproducidmos literalmente del BOE)
Art 3.2. Cuando el cliente sea persona física deberá presentar documento nacional de identidad, permiso
de residencia expedido por el Ministerio de Justicia e Interior, pasaporte o documento de identificación
válido en el país de procedencia que incorpore fotografía de su titular, todo ello sin perjuicio de la
obligación que proceda de comunicar el número de identificación fiscal (NIF) o el número de identificación
de extranjeros (NIE), según los casos, de acuerdo con las disposiciones vigentes. Asimismo se deberán
acreditar los poderes de las personas que actúen en su nombre.
3.3. Las personas jurídicas deberán presentar documento fehaciente acreditativo de su denominación,
forma jurídica, domicilio y objeto social, sin perjuicio de la obligación que proceda de comunicar el número
de identificación fiscal (NIF).
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